La Asamblea Nacional (AN) decidió este jueves diferir para la próxima sesión la continuación de la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, luego de aprobar por unanimidad los seis primeros artículos del texto y abrir un debate intenso sobre el artículo 7, cuyo alcance y redacción provocaron discrepancias entre sectores oficialistas y opositores.
El núcleo del debate se concentró en la redacción del artículo 7, que condiciona el acceso a la amnistía a que las personas procesadas o condenadas «estén a derecho o se pongan a derecho» tras la entrada en vigor de la norma. Diputados opositores, entre ellos Luis Florido, manifestaron objeciones a esa exigencia al considerar que pedir la presentación ante la justicia podría interpretarse como una presunción de culpabilidad y, por tanto, sería difícil de avalar desde su bancada. En respuesta, representantes del bloque oficialista defendieron la fórmula alegando que la comparecencia forma parte del debido proceso y se ajusta a la Constitución.
Durante la discusión la diputada Iris Varela defendió el requisito de comparecencia y planteó que la amnistía no puede convertirse en un mecanismo que coloque a quienes, a su juicio, cometieron delitos como víctimas; en su intervención recordó episodios de violencia y denuncias de hechos graves ocurridos en años recientes como parte del contexto que, según ella, debe considerarse al evaluar la norma. Varela sostuvo que la ley debe garantizar convivencia y paz, y por ello exigió claridad sobre quiénes pueden optar al beneficio.
Otro punto central puesto sobre la mesa fue el alcance temporal recogido en el artículo 6, que limita la aplicación de la amnistía a diez períodos específicos entre 1999 y 2024. Ese articulado, ya aprobado en lo esencial por la plenaria, establece el marco cronológico sobre el cual se aplicaría la norma e incorpora excepciones expresas: la ley no alcanzaría delitos calificados como violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, actos de corrupción ni delitos contra el patrimonio público.
La discusión se desarrolló en el contexto de la consulta pública anunciada por la comisión encargada del proyecto; el presidente de la Comisión Especial de Ley de Amnistía, diputado Jorge Arreaza, informó sobre las consultas realizadas en todo el territorio nacional y propuso aplazar el resto de la discusión para evitar debates que, en su opinión, pudieran entorpecer el clima de conciliación. La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, respaldó también el aplazamiento con el fin de continuar el diálogo sobre los puntos pendientes.
El proyecto, compuesto por 13 artículos y enmarcado por sus impulsores en lo que han llamado un «nuevo momento político», seguirá en debate en la próxima sesión ordinaria, donde los parlamentarios esperan avanzar hacia acuerdos en torno al articulado restante y cerrar la segunda discusión que antecede a la votación final.
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Con información de VTV, EFE, El Universal y El Público TV.
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